Mecanismos "alternativos" frente al desahucio hipotecario de la vivienda habitual

Abstract

La irresponsable y descontrolada vorágine crediticia de los años de bonanza, unida a la crisis económica desatada en 2007-2008, ha desembocado en una avalancha de ejecuciones hipotecarias y en el desahucio de su vivienda habitual de miles de deudores incapaces de hacer frente a sus préstamos. Nuestro legislador, poco preocupado a su debido tiempo de articular mecanismos de prevención del sobreendeudamiento del consumidor de crédito (test de solvencia, información contractual y precontractual, transparencia bancaria), ha tratado luego −cuando el llamado “sinhogarismo” se había ya convertido en una auténtica lacra social− de parchear la situación con medidas ex post (suspensión de lanzamientos, quitas, dación en pago,...) que, en determinados casos, pueden enturbiar algunos postulados básicos del Derecho privado; todo ello sin perjuicio de que, activado el aparato del Estado Social, se hayan también puesto en marcha medidas paliativas de cariz público (prestaciones económicas de urgencia social, bolsas de alquiler social y hasta medidas expropiatorias −declaradas inconstitucionales− del uso temporal de viviendas desocupadas, propiedad de las entidades bancarias).

Con estas premisas, y ante la indiscutible y rabiosa “actualidad” de los sistemas alternativos de resolución de litigios en materia de consumo −moda auspiciada desde la propia Unión Europea−, en este trabajo se deja constancia del limitadísimo, por no decir nulo, papel del arbitraje de consumo en el campo de los desahucios hipotecarios y del relativo grado de éxito de la mediación hipotecaria. A tal fin, se examina cada una de ambas vías extrajudiciales en su proyección particular a los deudores hipotecarios atrapados por la coyuntura económica y en riesgo de perder su vivienda; estudio, cuyo enfoque técnico-jurídico es acompañado de una óptica socio-económica de los costes y riesgos que juegan como incentivos o, por el contrario, y con mayor intensidad, como trabas fácticas a la viabilidad y eficiencia en la práctica de tales mecanismos alternativos. Junto a la normativa estatal en la materia, se atenderá también al Código de Consumo catalán que, llevando el fomento de esos sistemas hasta sus últimos extremos, ha instaurado una (dudosamente constitucional) presunción de sumisión al arbitraje de las entidades que otorgan créditos hipotecarios sobre la vivienda habitual y ha impuesto una mediación obligatoria −de discutible conveniencia− como trámite preceptivo previo al procedimiento judicial de ejecución hipotecaria.