En este trabajo se abordará la denominada “Crisis de los controladores aéreos” de 2010, como ejemplo de los posibles conflictos que pueden surgir en contextos de incertidumbre política, social o económica. Durante el puente de diciembre del año 2010, más de 4500 vuelos se vieron afectados por un conflicto laboral entre AENA y los controladores civiles de tránsito aéreo. La situación se materializó en una “huelga masiva” que puso en peligro el ejercicio del derecho fundamental a la libre circulación de todos los españoles reconocido en la Constitución y en Tratados y Convenios Internacionales vinculantes. La dicotomía constante entre libertad y seguridad, ampliamente batallada en los ordenamientos de las sociedades actuales, lleva a los poderes públicos a verse obligados a dictar excepcionalmente el estado de emergencia, reservándose durante este tiempo el poder de restringir o suspender algunos derechos de los ciudadanos. La crisis de los controladores desembocó en la declaración del Estado de Alarma, una situación que se producía por primera vez en España desde la Constitución de 1978 y por la cual se ordenaba el cierre del espacio aéreo con el objeto de recuperar el acceso a un servicio esencial para la comunidad
