La independencia en Cataluña lleva provocando muchos años fricción política y social que se ha visto desencadenada en la celebración de un referéndum ilegal en 2017, la declaración unilateral de independencia por parte de Cataluña y la posterior aplicación del artículo 155 de la Constitución Española por parte del Gobierno Español para devolver la seguridad política, económica y social a este territorio.
Desde que estos hechos ocurrieran, del 1 de octubre de 2017 al 1 de abril de 2019, un total de 5.244 empresas han trasladado su domicilio social de Cataluña a otra comunidad autónoma dentro de España.
Los efectos que provoca cada acontecimiento político sobre la salida de empresas quedan patentes al advertir que, en un plazo de siete a diez días después del referéndum de independencia de Cataluña y de la DUI, se produce un masivo traslado de empresas que deciden localizar su domicilio social en un lugar fuera de Cataluña ante la inestabilidad e inseguridad política.
En los últimos meses de 2018 y primeros de 2019, se ha producido un frenazo de las deslocalizaciones que estaba sufriendo Cataluña, que acompañado de la caída del independentismo y de sus reivindicaciones ha conseguido que las empresas que aún se encuentran en Cataluña no salgan a la espera de saber qué ocurrirá con la independencia.
Las deslocalizaciones que ha sufrido Cataluña han provocado en la comunidad una caída del crecimiento del PIB, disminución del turismo en Cataluña, fuga de depósitos de las entidades bancarias y descenso de la inversión exterior.
