La prisión provisional es la medida cautelar personal más gravosa que puede adoptarse contra el encausado durante la sustanciación de un proceso penal para poder asegurar su correcto desarrollo. Se caracteriza, en principio, por su carácter excepcional y por estar al servicio del principio de la proporcionalidad a la hora de acordar o no su adopción (competencia exclusiva de Jueces o Tribunales). Su regulación siempre está en el punto de mira tanto del legislador como de la doctrina, debido a que es necesario llegar a alcanzar el máximo equilibrio entre la tutela judicial efectiva y el respeto a los derechos fundamentales como el de la libertad (art. 17.1 CE) y el de la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).Debido a su gran influencia en la esfera de los derechos de las personas, se deben reforzar al máximo las garantías de los imputados e impedir que se adopten prisiones provisionales injustas o que se alarguen más de lo que las leyes establecen,mediante la agilización de la Administración de Justicia.Una manera de alcanzar esa excepcionalidad podría estar en el uso de medidas alternativas que propone nuestro Borrador del Anteproyecto del Código Procesal Penal.Medidas igual de efectivas que la prisión provisional pero menos dañinas con la libertad del imputado, mucho más acordes con la evolución de la sociedad y muchas de ellas previstas en el ámbito de la UE.Daremos un repaso a los antecedentes más importantes y al régimen jurídico de la prisión provisional junto a la jurisprudencia y doctrina del TC para que nos ayude aclarificar si realmente se está haciendo un uso generalizado y abusivo de esta medida.Algo inconcebible en un Estado social y democrático de Derecho
