El sistema público de pensiones español se define como un sistema de reparto que persigue la igualdad de las contribuciones aportadas con las pensiones futuras, el bienestar y la equidad social. Surgen así las dos modalidades de pensiones existentes en España: Las no contributivas, destinadas a individuos sin recursos y financiadas vía impuestos y las contributivas, de carácter obligatorio que se financian a través de cotizaciones sociales a cargo de empresarios y trabajadores. Debido a la inestabilidad de la situación económica, demográfica y social sufrida en España, fue necesaria una Comisión Parlamentaria en 1995 que se denominó Pacto de Toledo que ha tenido una importancia clave para las pensiones y las reformas efectuadas en 2011 y 2013. A día de hoy, el problema demográfico se ha acentuado (bajas tasas de natalidad, fecundidad y mortalidad, alta esperanza de vida y tasa de dependencia, envejecimiento de la población) y perduran los problemas económicos (elevada tasa de paro, y sustitución). Tras las últimas retiradas de efectivo del fondo de reserva España se encuentra en una situación delicada que requiere una solución urgente para hacer nuestro sistema público de pensiones viable y sostenible a largo plazo.
