El principio de culpabilidad conforma uno de los pilares del Derecho penal, limitando la capacidad del ius puniendi del Estado. Implica que, para poder imponer una pena, es preciso que se pueda responsabilizar al sujeto de la conducta antijurídica que ha cometido. Para ello requiere que el sujeto cometa voluntariamente el hecho antijurídico, pero también necesita de la comprensión del mismo: el sujeto debe reunir requisitos personales como el desarrollo propio y la madurez personal, así como disposiciones psíquicas entendidas como normales. En caso contrario se podría incurrir en un supuesto de inimputabilidad o semiimputabilidad.
Determinados trastornos de la personalidad son los que disminuyen la capacidad volitiva y cognitiva del sujeto, impidiéndole comprender o controlar su conducta. Esto puede suponer la exención o atenuación de la responsabilidad penal del sujeto. La evaluación de la imputabilidad y la consecuente responsabilidad penal debe estar ligada a una evaluación psicológica y psiquiátrica previas.
En la actualidad, la jurisprudencia española trata de catalogar los trastornos de la personalidad y establecer doctrina para un tratamiento dogmático-jurídico adecuado, luchando contra la complejidad y la dificultad clínica que acontece en el diagnóstico de un TP como, por ejemplo, el TLP.
