El presente trabajo realizado supone un análisis de la institución de la cadena de custodia, entendida esta como una figura relevante en nuestro Sistema Procesal Penal, al que nuestro legislador no le presta la atención necesaria. Puede ser definida como aquel procedimiento tendente a establecer la obtención y conservación de los indicios o evidencias relacionadas con el hecho delictivo, es decir, su pretensión es la de asegurar la autenticidad del material probatorio para que llegue al acto de Juicio oral tal cual fueron obtenidas las pruebas en el lugar de los hechos. De ello se desprende la estrecha relación con algunos preceptos constitucionales consagrados bajo la rúbrica del artículo 24.2 de la CE, como: El derecho a un proceso con todas las garantías, derecho a la presunción de inocencia y a la utilización de los medios de prueba pertinentes. En ocasiones se plantean algunos problemas surgidos durante el desarrollo de la cadena de custodia, al mismo tiempo que supone una vulneración de los derechos fundamentales y garantías procesales, poniendo en cuestión el material probatorio. La falta de una regulación legal sistemática en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, plantea serios problemas en esta materia, es por ello que, tanto la doctrina como la jurisprudencia de nuestro país han intentado aportar algunas soluciones generando una extensísima jurisprudencia que, lejos de ser resolutiva aporta una inseguridad jurídica derivada de las diferentes y variopintas resoluciones alcanzadas, atendiendo a la casuística del caso concreto. La finalidad de este estudio es obtener una visión general en materia de cadena de custodia, poniendo de relieve sus defectos y aspectos a mejorar que nuestro legislador debería tener en cuenta ante una futura revisión legal.
