En estos años tan convulsos que nos está deparando el inicio del siglo
XXI, bajo la sensación de que la historia se está escribiendo cada día,
con rapidez e intensidad jamás conocidas, la necesidad de volver la mirada
hacia la persona como centro y objeto principal de la reflexión jurídica se revela de manera más apremiante que nunca. En efecto, y a
nuestro juicio, el afán por seguir el curso de los acontecimientos, y el
análisis de los mismos con arreglo a magnitudes macroscópicas (el Estado
y la soberanía, la evolución de sus formas e instituciones...), sólo
puede entenderse al servicio de un objetivo bien determinado: adaptar
el nuevo escenario al ser humano, delimitar con precisión sus coordenadas
en aras a fortalecer su posición, no ya únicamente como titular
de derechos, deberes y libertades, sino además como sujeto con nuevas
necesidades e intereses, que se enfrenta a problemas y dificultades
hasta ahora inimaginables.
