La crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la COVID-19 ha afectado a
todos los sectores con gran crudeza. La garantía en la prestación de los
servicios públicos, así como la continuidad de los procedimientos de compra
pública ha propiciado la aprobación de una oleada de decretos leyes para
hacer frente a la crisis sanitaria. El presente artículo, a la luz de las
consideraciones que instaura nuestra carta magna en relación con la
protección de la salud, pretende reflexionar sobre los aciertos y desaciertos de
estas nuevas disposiciones normativas, así como perfilar una serie de medidas
a tener en cuenta a la hora de garantizar una adecuada prestación de los
servicios públicos. Finalmente, se hace una mención especial a la inteligencia
artificial en un contexto en el que el teletrabajo de las Administraciones
públicas ha sido la única solución efectiva para garantizar la continuidad de la
prestación de los servicios públicos durante la declaración del estado de
alarma.
