La existencia de una sociedad jurídicamente avanzada y la incorporación al proceso político de nuevos grupos sociales, ha llevado a regular la salud y su protección en diversos textos normativos de todo tipo. En concreto, en nuestro ordenamiento jurídico actual, la salud se manifiesta como uno de los bienes jurídicos que goza de mayor protección. La Constitución Española de 1978, reconoce este derecho en su artículo 43, denominándolo “derecho a la protección de la salud”; aunque el poder constituyente se ocupó de regular este derecho de una forma concreta y directa en el citado artículo, las referencias a la salud son notables a lo largo de toda la norma fundamental.
A consecuencia del mandato constitucional, legislación diversa ha reconocido un elenco de derechos y deberes a los pacientes; configurándose estos en la existencia de una libertad de decisión sobre su propia salud con respecto a sus convicciones y opiniones, determinadas por una información completa y veraz que tendrán que proporcionar las Administraciones sanitarias. Sin embargo, el ejercicio de estos derechos en condiciones de igualdad se está viendo cada vez más perjudicado a causa de la organización territorial de nuestro país.
