El incesante avance tecnológico, y la intromisión de estos en la vida cotidiana de las personas, hacen del ciberespacio el hábitat delictivo idóneo1 para perpetrar diferentes ataques a bienes jurídicos protegidos tradicionalmente, demostrando la vulnerabilidad de los usuarios frente a los ataques ejecutados a través del ciberespacio y multiplicando las oportunidades de los delincuentes.2Convirtiéndose en el 10% de las infracciones penales denunciadas3, en 2019 se cerró el año con 218.302 delitos cometidos en internet con un aumento del 35,8% en relación con el 2018.
El Derecho Penal ha sabido responder a este novedoso problema: la“ciberdelincuencia”4, creando tipos nuevos o adaptando los que ya se encontraban en el CP, el delito que incumbe este trabajo está recogido en el art.248.2 denominándose estafa informática.Ésta modalidad tiene una serie de subterfugios técnicos que la caracterízan, adquiriendo especial importancia la ingeneria social.
