La protección de los derechos fundamentales no recibió atención específica en el Tratado de Roma. Sólo a través de la actuación institucional, y fundamentalmente del Tribunal de Justicia, estos derechos fueron “colándose” en el ordenamiento comunitario. El Tratado de la UE cuenta con una cláusula general de reconocimiento, así como con diversos preceptos de protección de los derechos fundamentales, que por otra parte forman parte constitutiva de la idiosincrasia europea. El incierto estatus de la Carta Europea de Derechos Fundamentales proclamada en Niza en 2000 deja en manos de las instituciones europeas, de su activismo y “voluntarismo interpretativo” las principales actuaciones de protección.
