El texto analiza la actual legislación sobre las condiciones requeridas a la población extranjera para acceder a la nacionalidad española. Si bien el ordenamiento jurídico español puede considerarse excesivamente rígido al contemplar como regla general los diez años de residencia, en numerosos casos estos requisitos iniciales exigidos a diferentes nacionalidades y perfiles sociales de los solicitantes se ven reducidos sustancialmente. El análisis de los procedimientos administrativos en los distintos colectivos se acompaña de algunas recomendaciones dirigidas a reformas tanto sustantivas como de carácter administrativo.
