La crisis de financiación y la deficiente cobertura de las necesidades que sufre el sistema español de protección social, además de las medidas legislativas de carácter presupuestario, ha propiciado la utilización de ciertas figuras dirigidas a la prestación directa de un servicio al beneficiario ahorrando gastos al sistema. Todas ellas cuentan con un denominador común: el desarrollo de su propia actividad profesional en condiciones laborales precarias y, por tanto, con carencias severas en materia de protección pública. El efecto es altamente pernicioso, pues, aun cuando cuentan con la virtud de contribuir a la contención del déficit público, se encuentran marginadas del bienestar institucionalmente garantizado. Partiendo de tal novedosa perspectiva, en este artículo se examinan las implicaciones que acarrea el voluntariado, los trabajos de colaboración social, la prestación desempeñada por cuidadores no profesionales, el trabajo de los empleados de hogar o el llevado a cabo en determinadas entidades de economía social, en particular en las cooperativas de trabajo asociado.
