La competencia legislativa que la Constitución permite a las Comunidades Autónomas con
propio derecho civil para desarrollarlo requiere que el
desarrollo esté justificado por los principios peculiares
de aquél y por tener una conexión con su contenido
normativo previo. Lo que determina que ese desarrollo
legislativo no puede ser ilimitado. Tal es la doctrina del
Tribunal Constitucional al interpretar el artículo 149.1.8
de la Constitución. El propio Tribunal ha venido
aplicando dicha doctrina con poco rigor. Pero su
Sentencia 132/2019 prescinde de esa doctrina, a pesar
de que aparenta respetarla, al admitir la competencia
legislativa de la Comunidad Autónoma de Cataluña para regular todo tipo de contratos, sin
que la competencia exclusiva del Estado para regular las bases de las obligaciones
contractuales pueda impedirlo. Con lo que se permite que las Comunidades Autónomas con
propio derecho civil lo desarrollen ilimitadamente, prescindiendo del valor y del significado de
nuestro Código Civil.
