La Administración pública dispone de diferentes potestades para llevar a cabo
sus cometidos en aras a la consecución de los principales funciones que tiene encomendadas.
Una de ellas consiste en proteger los bienes jurídicos que se definen como
tales en el ordenamiento de nuestro país; para ello, acude a los mecanismos de coerción
correspondientes, que, de acuerdo a la teoría penal del delito pueden oscilar
entre la pena privativa de libertad y las sanciones económicas. En todo caso, la función
de dicha potestad consiste tanto en una prevención general como especial de
las conductas infractoras, así como de la reparación del daño causado y del hipotético
castigo de dichas actuaciones.
