Resulta unánimemente admitido que el trato dispar fundado en la
defensa de la maternidad frente a los riesgos en el trabajo no contraviene
el superprincipio constitucional de igualdad, habida cuenta
en tal caso la distinción no deriva del sexo sino de la condición de
madre de la trabajadora^, aun cuando biológicamente y en el estado
actual de la ciencia tal situación sea exclusiva de la mujer. De hecho,
la demanda al Ordenamiento Laboral para establecer «medidas encaminadas
a salvaguardar la salud de la madre, la del feto o la del menor»'' si se demuestra «la existencia de riesgos patológicos para
una o para otro», ha acabado por convertirse en una constante,
conforme muestra tanto la labor de la OIT, como las actuaciones
comunitarias en la materia, señaladamente una vez el art. 15 Directiva
89/391, de 12 de junio, reclamó la necesidad de que la normativa
preventiva ofreciera respuesta singular para los colectivos de trabajadores
cuyas características les conviertan en especialmente sensibles
a los riesgos, entre los cuales procede incluir, sin duda, a las mujeres
embarazadas o en período de lactancia, a las que se dirige
específicamente la Directiva 92/85, de 19 de octubre.
