La relación laboral especial de los discapacitados en los centros especiales de empleo

Abstract

La desigualdad de situación en que se encuentran los discapacitados motiva que la Constitución —en cabal comprensión de la igualdad que proclama como uno de los cuatro valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico (artículo 1.1)— inste a los poderes públicos a llevar a cabo una política de rehabilitación e integración de este colectivo, ordenándoles que los ampare especialmente para el disfrute de los derechos que el título I de la CE reconoce a todos los ciudadanos (artículo 49 —quizá el «más relevante»—), por ejemplo, el derecho al trabajo, la libre elección de la profesión y oficio, la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente (artículo 35.1 de la CE), en inequívoco mandato de que han de recibir un trato de favor (o discriminación positiva, en la no muy afortunada expresión actualmente en boga) que permita compensar las dificultades derivadas de su propia peculiaridad.