La modificación realizada en 2015 a Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica
del Menor incide de forma directa en los derechos fundamentales -reconocidos por la
Constitución Española- de los menores con problemas de conducta que se encuentran
internos en centros específicos. Tras la reciente reforma realizada a través de la Ley
Orgánica 8/2021, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la
Violencia se ha querido mejorar la aplicación de la medida de contención pero lo cierto
es que la ambigüedad o vaguedad en la redacción de las demás medidas aplicables así
como la exposición de testimonios reales en este trabajo demuestra cómo la vulneración
de dichos derechos es una realidad, sustentando y reforzando así la necesidad de la
modificación completa de dicha ley y no solo de una medida, a fin de que se adapte la
legalidad ordinaria al respeto los derechos fundamentales que se están viendo
vulnerados a consecuencia de la inseguridad jurídica creada por el legislador y la
arbitrariedad –en ocasiones- en la aplicación de las medidas en comparación con la Ley
Orgánica 5/2000, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, aplicable a
los menores que han cometido un ilícito.
