El sistema público de pensiones de jubilación definido como un sistema de reparto
que busca la igualdad de las contribuciones aportadas con las pensiones futuras, el
bienestar y la equidad social, se halla en una articulación financiera difícil, debido
esencialmente a la inestabilidad de la situación económica, demográfica y social, pero
también a factores sociológicos y políticos que han contribuido en el progresivo gasto
publico de las pensiones de jubilación, con el objetivo de favorecer una mayor protección
social.
La reforma del sistema actual de pensiones ha sido trascendental, ya que se ha
retrasado de sesenta y cinco a sesenta y siete años la edad ordinaria de jubilación; se han
incrementado de quince a veinticinco los años de cotización previa precisos para realizar
el cálculo de la base reguladora; los porcentajes aplicables a la base reguladora para
determinar la cuantía han sido minorados, además se ha promovido la prolongación de la
vida laboral a través de la jubilación parcial y flexible.
Es necesario alcanzar un sistema flexible de jubilación que englobe un abanico de
facultades en el momento de acceder a la misma, y no se implante una edad máxima de
jubilación pero si una edad mínima, para conseguir un sistema público de pensiones
viable y sostenible a largo plazo.
