La incorporación de España a la Comunidad Europea a partir de 1986 ha conllevado, lógicamente, una preceptiva adaptación gradual y paulatina de nuestro ordenamiento jurídico, marcada por la obligación de adecuar la política interna de empleo a las orientaciones generales de la economía comunitaria, a la Estrategia Europea de Empleo y a las recomendaciones anuales para la ocupación.
Bajo tales premisas, las políticas de empleo en la Unión Europea pueden ser consideradas, en la actualidad, como el eje principal en torno al cual giran las actuaciones de las Instituciones comunitarias, conjugando para su elaboración tanto medidas de carácter económico como laboral, adoptadas en forma de Directrices, Recomendaciones y Comunicaciones, que tomarán cuerpo en las respectivas legislaciones de los países miembros, obteniendo como resultado unas líneas unitarias y coordinadas en la materia
