Revista de Administración Pública, 2002, n. 157
La sensación de desamparo ante el retraso que padece la Administración
de Justicia ha hecho volver la mirada al esperanzador
abrigo de la eficacia de medidas cautelares. Poco han incidido las reformas
de las leyes procesales en el principal problema que sufre
hoy, a mi juicio, la jurisdicción contencioso-administrativa: la perniciosa,
cuando no escandalosa, dilación de los procesos y recursos en
los que se invierten la actividad y energías de muchos años. De ahí
que una pronta decisión provisional de jueces y tribunales constituye
un provechoso bálsamo, que alivia en gran medida las molestias de
la conflictiva situación procesal, cuando no amargos sinsabores
