El debate sobre la licitud y la legitimidad de las acciones humanitarias ha estado presente desde la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas a lo largo de las décadas. Coincidiendo con la última década del siglo anterior, se ha extendido una aceptación de la legitimidad de un ‘humanitarismo’ que sitúa a la persona en el centro del ejercicio de la soberanía estatal. Así, en aquellos supuestos de graves y masivas violaciones de los derechos humanos corresponde a la comunidad internacional la adopción de medidas a través de los mecanismos de seguridad colectiva. Pero, cuando estos fallan, se llega a aceptar el uso de la fuerza unilateralmente limitando los principios inherentes a la idea de soberanía. El caso de Kosovo ha mostrado que, en determinadas circunstancias, la acción unilateral puede resultar estéril ante la gravedad de la situación por lo que la comunidad internacional podría promover la secesión del territorio en el que se asiente el pueblo. Se trataría de una secesión por motivos humanitarios, ‘secesión humanitaria’, que implicaría una auténtica fragmentación de la soberanía.
