El presente trabajo tiene por objeto el estudio de las reformas operadas tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, a través de la Ley 7/2015 de 21 de julio, como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mediante la 41/2015 de 5 de octubre, en relación con la inclusión de un nuevo motivo de recurso de revisión como medio de ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tan polémica hasta ahora, y que supone concluir con una previsión legal expresa (al igual que en otros Estados miembros del Convenio Europeo de Derechos Humanos), un largo camino iniciado jurisprudencialmente desde la sentencia del Constitucional en el caso Barberá, Messeguer y Jabardo hasta el Pleno no Jurisdiccional del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2014 en el que se optaba por el recurso de revisión como el cauce más adecuado para la ejecución de sentencias del Tribunal Europeo. Igualmente en esta investigación se analiza el ámbito de extensión de la novedad a otros órdenes jurisdiccionales, con especial referencia al penal, los requisitos para poder acudir a esta vía y las deficiencias funcionales que en la práctica pueden llegar a surgir.
