Con la promulgación de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del estatuto del trabajo autónomo, nació un estatuto que cubría las necesidades y carencias que tenían los trabajadores autónomos, puesto que su legislación se encontraba muy diversificada por el ordenamiento jurídico español. Esta Ley además, propone en su disposición adicional 4ª que se desarrolle una regulación sobre un sistema específico de protección por cese de actividad para los trabajadores autónomos, los cuales se encuentran en desprotección frente al paro forzoso, siendo ésta una prestación no reconocida para este colectivo hasta ese momento por el legislador. A partir de dicha previsión, la Ley 32/2010, de 5 de agosto, establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, siendo desarrollada por el Real Decreto 1541/2011. Esta prestación está encaminada a proteger a aquellos trabajadores autónomos que hubieran cesado totalmente (temporal o parcialmente) su actividad, siempre que cumplieran con los requisitos establecidos, dando lugar a causar un beneficio de una cuantía económica en función del tiempo cotizado. En este trabajo, se identifica el marco normativo aplicable a esta prestación y se describen sus objetivos, requisitos, gestión, estructura y procedimiento aplicable a los beneficiarios de la prestación por cese de actividad
