El concurso de acreedores desde la óptica de la sociedad familiar

Abstract

El concurso de acreedores constituye una institución mixta de derecho mercantil y procesal que tiene por objeto la salvaguarda del patrimonio social o masa con la finalidad de permitir a los acreedores de una sociedad en situación de insolvencia obtener el cobro de sus créditos en la mayor medida posible, ya sea mediante la suscripción de un convenio que tienda a permitir la supervivencia de la empresa como medio de obtención de los recursos precisos para hacer frente al pago, ya sea mediante la instauración de un proceso liquidatorio que partiendo de una disolución ordenada de la sociedad, contemple la satisfacción de los acreedores de acuerdo con un orden de prelación determinado por una jerarquización crediticia construida sobre la base de la mayor preeminencia de determinados grupos de acreedores caracterizados por la relevancia social de los sujetos que integran cada grupo. La institución del concurso de acreedores viene actualmente regulada en la Ley 22/2003 de 9 de julio, inspirada en el principio de unidad de disciplina como expresamente reconoce la Exposición de Motivos de esta Ley, la cual somete a un mismo régimen normativo a la totalidad de las situaciones concursales, con independencia de que afecten a personas físicas o jurídicas, comerciantes o no. En tal contexto, las singularidades que por su idiosincrasia interna presenta la sociedad familiar tienen su reflejo en la regulación y el desarrollo del concurso de acreedores, en cuestiones tan relevantes como la génesis y virtualidad de la decisión de instar la declaración de concurso voluntario ante el Juzgado de lo Mercantil, la calificación de los créditos de los socios, su intervención en la junta de acreedores, la solicitud de la apertura de la fase de liquidación, o la calificación del concurso