Las medidas sanitarias impuestas por actos administrativos para hacer frente a la pandemia han suscitado un intenso debate jurídico y político en torno a los requisitos constitucionales y legales para limitar derechos fundamentales (como
la libertad personal y de circulación, reunión y manifestación, vida privada y familiar) en favor de la integridad física y salud pública. Más allá del Derecho de excepción, que ampara la restricción y suspensión de derechos fundamentales,
el presente estudio se centra en la exigencia de autorización o ratificación contencioso-administrativa de cualesquiera decisiones limitativas en sanidad, según la competencia repartida entre varios órganos jurisdiccionales resultante de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
Intervención judicial que, fuera del amparo del estado de alarma, se ha traducido en autos contradictorios, no tanto a la luz de los requisitos de necesidad y proporcionalidad, y respeto al contenido esencial de los derechos limitados,
como en atención a la exigencia de reserva de ley suficiente
