La potestad sancionadora de las administraciones públicas en el ámbito tributario

Abstract

La Administración pública dispone de diferentes potestades para llevar a cabo sus cometidos en aras a la consecución de los principales funciones que tiene encomendadas. Una de ellas consiste en proteger los bienes jurídicos que se definen como tales en el ordenamiento de nuestro país; para ello, acude a los mecanismos de coerción correspondientes, que, de acuerdo a la teoría penal del delito pueden oscilar entre la pena privativa de libertad y las sanciones económicas. En todo caso, la función de dicha potestad consiste tanto en una prevención general como especial de las conductas infractoras, así como de la reparación del daño causado y del hipotético castigo de dichas actuaciones.