La desigualdad de situación en que se encuentran los discapacitados motiva que
la Constitución —en cabal comprensión de la igualdad que proclama como uno de
los cuatro valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico (artículo 1.1)— inste
a los poderes públicos a llevar a cabo una política de rehabilitación e integración
de este colectivo, ordenándoles que los ampare especialmente para el disfrute de
los derechos que el título I de la CE reconoce a todos los ciudadanos (artículo 49
—quizá el «más relevante»—), por ejemplo, el derecho al trabajo, la libre elección
de la profesión y oficio, la promoción a través del trabajo y a una remuneración
suficiente (artículo 35.1 de la CE), en inequívoco mandato de que han de recibir un
trato de favor (o discriminación positiva, en la no muy afortunada expresión actualmente
en boga) que permita compensar las dificultades derivadas de su propia
peculiaridad.
